Caporalato en agricultura: causas y soluciones
Caporalato en agricultura: causas y soluciones
Los datos de Istat de 2015 no dejan lugar para ninguna interpretación; de 32 mil millones de euros en el sector agrícola (que corresponden al 2% del producto con valor agregado total en nuestro país) la incidencia de esta economía subterránea es igual a 15,4%, situándose por encima de la economía nacional entera sumergida (13% ). Una facturación que oscila entre € 14 y € 17 mil millones. Por lo tanto, además del daño ocasionado por este trabajo de los trabajadores agrícolas mal pagados también se insulta por una evasión contra el Estado (todos nosotros) de enormes proporciones.
Este fenómeno, a pesar de lo que uno pueda pensar, no tiene regionalidad. Generalizada en todo el territorio nacional, con una nómina de 400 euros al mes durante un día de trabajo, a la que incluso la nueva ley de la contratación ilegal (Ley 14 septiembre de 2011, n. 148) fue un medio eficaz de disuasión.
El hecho de que en nuestro país piense solución para estos casos (como muchos otros) sólo está dispuesto a ley habla volúmenes como, específicamente, este fenómeno no puede ser derrotado tan fácilmente. Necesitamos diferentes recetas que no pueden ser exclusivamente de naturaleza legislativa y penal, sino de naturaleza estructural.
Explicamos este concepto mejor. La pregunta debe resolverse en sentido ascendente, a través de una revisión diferente del modelo agrícola; con una recomposición de modelos agrícolas y sus unidades de trabajo y su relación con las unidades de negocios. Por medio de una mejora de estos núcleos (especialmente familias) perfectamente equilibrado con el tamaño de la empresa; a través de cursos de autoaprendizaje colectivo y educación y capacitación para asumir la solidaridad y la innovación.
Si no activamos este proceso de una manera totalmente diferente, nunca encontraremos las soluciones para cumplir, incluso el precepto constitucional contenido en el arte. 44 de la Constitución: «Con el fin de lograr la explotación racional de la tierra y las relaciones sociales equitativas, la ley requiere (…) la transformación de grandes propiedades (…)». A grandes propiedades que, a lo largo de los últimos cuarenta años, se vuelven a montar en nuevas formas, vinculados a un modelo agrícola sometido a los mercados y minoristas, y en agudo contraste, no sólo con la disposición constitucional (… aprovechamiento racional del suelo …) sino también con el conceptos modernos de una agricultura eco-sostenible. Una gran propiedad donde las mafias y los grandes intereses son más poderosos que el estado.
La propia FAO ha señalado que, en el mundo, nueve de cada diez de los 570 millones de granjas son operados por familias, por lo que la familia de la forma dominante de la agricultura, y por lo tanto también es un factor que puede ser decisivo para el cambio hacia la consecución de la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y un criterio de seguridad ambiental de la producción agrícola. Sobre esto, las últimas publicaciones de la ONU han sido más que explícitas.
El cabo es sólo una manifestación de este modelo agrícola en el cual el estado, y por lo tanto su política, ha sido totalmente ausente, pensando para frenar la fuga de la presa posar con cera.
Guido Bissanti